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Boletín de noticias 16 de enero de 2012
EL TIEMPO
EDITORIAL: LAS PENSIONES, AL TABLERO
Faltan todavía varios meses para que el Gobierno cumpla con su promesa de presentar al Congreso una propuesta de reforma pensional, que promete ser uno de los platos fuertes del año en materia legislativa. La iniciativa, que debería conocerse en la segunda mitad del 2012, tendrá como objetivo central resolver el problema de la baja cobertura, según lo ha dicho el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, en declaraciones recientes.
Sin embargo, es de esperar que la propuesta del Ejecutivo ate muchos cabos que siguen sueltos. La razón es que el sistema vigente tiene fallas protuberantes, pues beneficia a menos de una tercera parte de la población. Y, lo que es peor, el régimen público, que coexiste con el de ahorro individual administrado por los fondos privados, es costoso e inequitativo. Por ejemplo, este año el presupuesto nacional deberá aportar 24 billones de pesos -una suma superior a la que se destina a la seguridad y similar a la que va para educación- con el fin de tapar un agujero que fue abierto por privilegios insostenibles.
Para colmo de males, a pesar de que en el país existen cerca de cinco millones de colombianos de más de 60 años de edad, el número de pensionados apenas asciende a los 1,2 millones. Más escandaloso todavía es que el 80 por ciento de los subsidios mencionados va para el 20 por ciento que tiene los ingresos más altos. Para decirlo de manera coloquial, el esquema actual opera como la antítesis de Robin Hood: les quita a los pobres para darles a los ricos.
Y cuando se pensaba que una reforma constitucional adoptada en el 2005 había eliminado los regímenes especiales, estos se están volviendo a crear para magistrados y excongresistas. Por una sentencia del Consejo de Estado, personas que ya tenían pensiones de 6 o 7 millones de pesos mensuales han logrado subirlas a 20 millones con el uso de tutelas.
En el caso de un exparlamentario, se llegó a un reconocimiento retroactivo de 2.600 millones de pesos. En un país con una de las peores distribuciones de ingreso del mundo, donde la pobreza alcanza más del 30 por ciento y la informalidad laboral es del 60 por ciento, es inconcebible que el Estado redistribuya la riqueza en esta forma hacia sectores privilegiados.
Frente a tales aberraciones, es increíble constatar que muchos preferirían dejar el asunto quieto. Ese es el caso de sectores reaccionarios y de las propias centrales obreras, que en lugar de abrazar la causa de los desposeídos se fijan en los privilegios de sus afiliados sin preguntarse si estos son sostenibles.
Pero quienes adoptan tal actitud deberían mirar el ejemplo de Europa, en donde los gobiernos han tenido que adoptar medidas drásticas para tratar de desactivar la bomba pensional. Una vez más, el tema no tiene que ver con la política, sino con las matemáticas y, por lo tanto, el reto de Colombia es hacer sostenible un sistema que permita que la jubilación sea un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos. De manera que la fórmula que resulte tiene que dar un gran aumento de cobertura sin que se quiebren las finanzas públicas.
Conseguir ese objetivo debe pasar por un análisis descarnado de los beneficios que hoy existen. Así, hay que preguntarse si la edad de jubilación -que, a partir del 2014, pasa a ser de 57 años para las mujeres y de 62 para los hombres- debe revisarse a la luz del aumento de la esperanza de vida de la población. También cabe cuestionarse si el número de semanas cotizadas o el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión serían objeto de un alza. Igualmente, hay quienes sostienen que el mandato constitucional que obliga a que la mesada no pueda ser inferior al salario mínimo debe examinarse. No faltan tampoco los que insisten en la necesidad de gravar las pensiones, con la escala impositiva que hoy rige para los asalariados.
Sin embargo, la duda es si un debate tan complejo puede llevarse a cabo en el terreno técnico. Por ahora, el Gobierno ha dicho que prefiere no tocar asuntos tan espinosos como la edad de retiro o el tiempo de cotización, con el fin de no agitar el avispero. A pesar de ello, sería deseable un planteamiento franco en este terreno porque, como vamos, vamos mal.
En la lista de propósitos de enmienda, también se requiere un esfuerzo para acabar la corrupción y falta de transparencia de las entidades que manejan el régimen público. Por ejemplo, en el Seguro Social no existe un sistema de historias laborales consolidadas, hay más de 60 bases de datos que no se hablan entre ellas, solo en el 2011 se registraron tres grandes escándalos por corrupción y un abogado que investigaba irregularidades en el departamento del Magdalena fue asesinado.
Aparte de los problemas que aquejan al método de prima media, muchos colombianos no podrán jubilarse si no se reduce significativamente la informalidad laboral. Por eso, se hace también imperativo que continúen los esfuerzos para reducir los costos para contratar trabajadores. Con la favorable evolución de los ingresos fiscales, un paso a corto plazo sería que el Estado asuma la financiación del Sena, del ICBF y de las cajas de compensación. La buena noticia es que todo indica que el Ejecutivo está dispuesto a jugarse buena parte de su merecido capital político en una reforma que, si se hace bien, evitará una crisis de dimensiones impredecibles en unos pocos años.
JUSTICIA EN LAS PENSIONES
Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
Si el gobierno acoge la propuesta de aumentar los años para pensionarse, causaría tremenda indignación.
Es de público conocimiento que en el presupuesto general de la Nación se destinan 24,6 billones de pesos para el gasto público pensional, que por cierto beneficia a muy pocos ciudadanos. También, que Colombia puede estar abocada a un incremento del déficit fiscal. Pero afirmar que todos los males que padecen nuestras finanzas públicas obedecen al régimen de pensiones es -además de un exabrupto- un intento por justificar una teoría neoliberal orientada a arrebatarles a los trabajadores este derecho esencial.
Existen falencias que deben ser corregidas: los privilegios a ciertos sectores sociales e institucionales que desfiguran lo que sería una justa asignación; las pensiones de que gozan magistrados, ex congresistas, funcionarios de altos rangos y beneficiarios de "regímenes especiales". La reforma no tiene por qué recaer sobre los trabajadores, empleados y funcionarios en general.
Debe quedar claro que los recursos que destina el Estado para el gasto público pensional no constituyen una dádiva, sino una obligación inherente al concepto de responsabilidad social y de distribución de la riqueza que estamos lejos de cumplir y que de paso nos aleja de los Objetivos del Milenio, según las Naciones Unidas. Que solo el 30% de la población ahorre para la vejez amerita diseñar mecanismos y apropiar presupuestos que permitan incrementar la cobertura. Esta cifra desnuda a una sociedad que sigue siendo muy desigual y donde la mayoría de los excedentes que produce la economía están mal distribuidos: es aquí donde se tienen que aplicar los correctivos.
Estamos de acuerdo con una reforma pensional que no recorte los beneficios de los trabajadores y empleados en general, que logre mayor cobertura y reivindique a los marginados de este derecho. Que los enormes recursos destinados a la guerra se orienten a sortear estos problemas estructurales; que se imponga un tributo especial a las grandes empresas con igual fin. ¿Por qué los trabajadores son los que siempre pagan los desbarajustes de la economía?
Tremenda indignación causaría el hecho de que el Gobierno acogiera la propuesta de aumentar los años para pensionarse, y no abordara los privilegios que impiden que la mayoría de los colombianos gocen de este elemental derecho.
Punto final. Aplaudimos la decisión del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, de suspender las cuestionadas obras del túnel de Oriente, debido a la afectación ambiental que ya están generando. ¡Más vale tarde que nunca!
EL ESPECTADOR
CONCEJO DE BOGOTÁ TIENE LISTO PROYECTO CONTRA LAS CORRIDAS DE TOROS
El proyecto de acuerdo tiene por objetivo promocionar la práctica de eventos deportivos y culturales en la Plaza de Toros La Santamaría.
El Concejo de Bogotá tiene listo el proyecto de acuerdo en contra de las corridas de toros en la capital de la República. Tiene como objetivo impedir la celebración de eventos taurinos en la misma y promocionar la práctica de eventos deportivos y culturales, dando especial relevancia al deporte del tenis.
“El punto que queremos destacar con esto es que, incluso luego de un análisis detallado, compasivo y tolerante de todos los argumentos a favor de la tauromaquia, no hay ninguno que siquiera pretenda negar que se trata de una práctica que se basa en la violencia como espectáculo”, dijo el concejal Orlando Parada, autor de la iniciativa.
La idea del proyecto busca promocionar el deporte en especial el tenis. “Es un deporte aeróbico que no implica choque o contacto personal entre los contendientes y puede ser practicado desde la niñez y hasta edad muy avanzada. Su práctica libera las tensiones del mundo actual, promociona la sana competencia y además promociona la aparición de fenómenos de socialización e interacción grupa”, dice el proyecto.
Según Parada, el proyecto de acuerdo no presenta impacto fiscal y no genera gastos diferentes a las inherentes al desarrollo de las funciones constitucionales y legales de las entidades comprometidas.
El concejal Parada recibió con beneplácito el pronunciamiento del alcalde Gustavo Petro, frente al compromiso de cesar la actividad taurina en Bogotá.
“El Concejo de Bogotá le da al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) la administración de la plaza, le permite que se efectúen espectáculos taurinos, culturales y deportivos, el IDRD entonces, para efectos de la fiesta brava, firma contrato con la Corporación Taurina”.
La iniciativa contempla que el IDRD no prorrogue este contrato, de manera que la Plaza cese las corridas de toros y se convierta en un escenario para otras actividades de mayor acceso.
“La plaza de toros es un escenario subutilizado y excluyente, ya que tan sólo se abre al público para la temporada taurina -cuya taquilla es costosa-, y para las novilladas del festival de verano, aspecto que va en contravía por los costos de mantenimiento. La Santamaría es un escenario de los capitalinos que debe apuntar a convertirse en un espacio para todos en el que converjan la cultura, la convivencia y el disfrute de actividades de acuerdo a las características del escenario y el entorno en el que está ubicado”, finalizó.
A PROPÓSITO DE LOS NOTARIOS
Con muy buen criterio, la Constitución de 1991 estableció el concurso para la escogencia de los notarios, con la intención de evitar que el nombramiento de esos dadores de la fe pública se hiciera con criterios políticos.
La norma existía y debieron pasar casi veinte años para que, después de tropiezos jurídicos de todo orden, se hiciera la primera convocatoria.
Sin embargo, en los gobiernos desde entonces y en particular durante los ocho años de la administración de Álvaro Uribe, el país ha sido testigo de cómo se siguió aplicando en exceso —¡y con qué exceso!— la vieja costumbre. Día tras día se descubren nuevos casos de designaciones hechas para apoyar la primera y la segunda frustrada reelección. De ingrata recordación es el escándalo de la “yidispolítica”, de la que, por recursos jurídicos, hasta ahora la única condenada ha sido la beneficiaria y no quienes ofrecieron los nombramientos, cuando para que exista ese delito se requieren los dos sujetos. Por estos días, y por similares conductas, la Fiscalía ha iniciado una nueva investigación que vincula a quien fuera secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
La puesta en ejecución de la nueva Ley de Tierras, el debate sobre los propietarios del Parque Tayrona y otros parques naturales, las nuevas disposiciones sobre supresión de trámites y, en el comienzo de este año, la posesión de dos nuevos alcaldes que se encontraban presos, han vuelto a plantear el debate sobre las funciones de los notarios.
El país tiene derecho a desconfiar de muchos de aquellos que resultaron favorecidos con nombramientos originados por razones políticas, sobre todo porque varios de los que influyeron para esa decisión están sindicados y presos por parapolítica. Es un grave indicio que ha dado lugar a tener malos presentimientos. Pero para eso están las autoridades judiciales, que están investigando, mientras la opinión pública se halla a la expectativa de esos resultados. Ojalá sean aislados los casos denunciados, como sostienen los organismos voceros de los notarios, para que el país vuelta a tener confianza en sus dadores de la fe pública. Pero como están las cosas hoy, tenemos nuestras dudas.
Los notarios han salido en su propia defensa invocando que no se generalicen acusaciones a todo el gremio porque haya algunos de sus miembros que han cedido a los cantos de la ilegalidad. En esto hasta razón tienen, aunque las manzanas podridas no sean pocas. En lo que no tienen tanta razón es en la otra parte de su defensa que, palabras más palabras menos, consiste en argumentar que nada tienen que ver con lo que sucede antes de que los documentos lleguen para su trámite en la notaría. En síntesis, que su única función es estampar firmas y sellos.
Así, en el caso que ha ocupado la atención estas semanas: los alcaldes presos que fueron posesionados, los notarios han aclarado que ellos lo hicieron ante testigos en la cárcel y no ante notario, y que el acta correspondiente se llevó a una notaría solamente para protocolizarla. Y ya, lavadas sus manos. No, si esto fue así, el notario debió abstenerse de cumplir esta diligencia porque debía saber, él más que nadie, que ese acto de posesión era contrario a la ley y ellos están obligados a velar porque todos los actos que se les presenten no sea ilegales. Cuando lo son, y no cabe duda de que éstos tienen ese vicio, no pueden realizar esa función y haberlo hecho es muy similar a haber suscrito las actas de posesión.
Como la mujer del César, los notarios no sólo deben ser honestos, sino parecerlo.